Sanción: Servicios Auxiliares Avanzados (intrusismo), 30.051 euros



Otra sanción más, a una empresa que (si no me falla la memoria) se estrena en este blog. Ya os advierto de que se estrenará alguna más, seguramente.

En este caso, la empresa tiró de recurso de revisión para eludir la sanción pero no le sirvió de nada. Para la próxima, que se limiten a desarrollar las funciones de su marco laboral y nada más.

La sentencia, aquí: http://adf.ly/1bqbf8

El intrusismo sigue causando estragos en el gremio, y a las empresas les sigue resultando más rentable el pago de la sanción que ajustarse a lo que dice la ley. La mayoría de estas sentencias tienen su origen en un procedimiento iniciado antes de la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Privada, por lo que el cliente aún no es parte de la ecuación.

Tengo curiosidad por saber qué pasará cuando empiecen a hacerse públicas sentencias en las que el procedimiento sancionador se inicia después de su entrada en vigor.

Será entonces cuando veamos si hay verdadera voluntad de sancionar también al cliente, o si este se sigue librando de lo que le toca. Por no mencionar que determinados grupos de empresas, en la que se halla incorporada una empresa de seguridad, aún siguen librándose de las sanciones; con o sin nueva LSP.

Pero esto escapa a lo que pretende el artículo, notificar una sanción concreta a una empresa determinada. Tiempo habrá de profundizar en la presunta bula judicial que tienen, o no, otras.

Un saludo.

Intrusismo: Multicentro Comercial El Trompo, Servisecuritas


Alguno habrá leído ya la noticia que relaciona intrusismo y este centro. Bueno, ya puestos… ¿por qué no colgar la sentencia que refleja la sanción?

Por cierto, un dato curioso. Resulta extraño que un recurso anterior no se percatara de la claridad de los hechos. Ya entraremos en eso en otro momento.

Lo dicho, he aquí la sentencia: http://adf.ly/1bkzDv

Lo que puede leerse en la sentencia es el pan nuestro de cada día, a lo largo de todo el país. ¿Por qué no se sanciona?

Lamento deciros que no tengo ni idea. O sí, a saber.

Supongo que todos los que llevamos un par de días en este gremio conocemos la respuesta.

Morosos 2016 (Seguridad Privada)


Lista oficial de Hacienda, reproducida por El País.

Fuente: http://elpais.com/especiales/2016/lista-morosos-hacienda

NIF/CIF Identificador  Deudor * Importe Total
A7914788 ALIUM SEGURIDAD SA 9.562.702,55
B8093438 ARAMIS SEGURIDAD SL 2.181.966,36
67986857 C 7 SEGURIDAD SL 3.954.069,95
A7858811 CASTELLANA DE SEGURIDAD SA 3.217.213,02
A8548096 DEFENDER SEGURIDAD SAN 2.472.678,48
A8080872 FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA 5.631.432,09
A3039646 FOMENTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD SAL 5.329.455,22
A9629725 GEBISA SEGURIDAD SA 5.448.211,58
85878882 HALCON EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL 10.591.355,37
B0385477 IBER SEGURIDAD SL 1.376.660,99
A8131071 INTEGRAL DE TRATAMIENTOS DE SEGURIDAD SA 1.436.161,50
A4638576 J S DE SEGURIDAD SA 4.315.398,88
B5846791 JARC SEGURIDAD S.L.U. 1.709.324,85
85395163 PERSONAL DE SEGURIDAD Y CONTROL SL 1.312.582,93
A8266622 PLUS-QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD SA 1.122.276,58
A5915053 PROVINEN SEGURIDAD, SA 6.108.984,72
81826934 SEGURIDAD ALHAMBRA Y PROTECCION 1.884.575,51
A1001487 SEGURIDAD CERES SA 1.943.511,63
A8122832 SEGURIDAD INTEGRAL MADRILEÑA SA 1.720.964,43
86023270 SEGURIDAD LPM SL 17.207.928,28
F0710811 SEGURIDAD PERSONAL Y VIGILANCIA, S.C.L. 2.132.705,96
A9106814 SEGURIDAD SANSA SA 6.682.833,58
80327989 SEGURIDAD THRON SL 1.608.233,92
81235218 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PEDRO RICO SL 1.469.795,08
A5838477 SEQUOR SEGURIDAD SAU 2.149.382,38
B1106658 SERRAMAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD SL 1.321.328,87
A0883762 VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SA 3.426.041,48
61136812 VIPER SEGURIDAD SL 1.055.911,27
B9742368 WERSER SEGURIDAD Y CUSTODIA SL 2.689.499,63

Esto, utilizando el buscador para rastrear “seguridad”. Probablemente, haya alguna más.

Sanción por intrusismo a Segebona Canarias S.L.U. – 30.001 euros



Una empresa más que se mete donde no debe, hace no debe y, además, recurre cómo no debe. En este caso, para variar, no cuelgo por aquí ningún extracto de la sentencia. Es más de lo mismo (personal no habilitado realizando funciones que sólo competen a personal que sí lo está), y la sentencia no pone de relieve los detalles concretos del quebranto de la normativa del gremio.

Pero pienso que siempre resulta interesante saber de qué palo va la empresa pirata de turno, y el alcance real del intrusismo en este gremio.

La sentencia, aquí: http://adf.ly/1bYIj5

Aprovecho este post para comentaros que reservaré un rincón específico para el intrusismo en el apartado de sentencias, cuando acabe las “obras” de la web.

El tema se lo ha ganado a pulso.

LOPD: ¿es legal utilizar grabaciones para sancionar a un empleado? (sí, pero avisando de la finalidad de las mismas de antemano)



Sí, pero siempre que se cumplan determinados requisitos. Casi siempre se incumplen la mayoría, dicho sea de paso. Pero en esta ocasión no me voy a centrar en los errores que suelen cometer quienes dan de alta un fichero, sino en una situación que sucede MUY a menudo en este gremio.

Cliente y/o empresa instalan cámaras y NO informan a los trabajadores de TODO lo que ello conlleva.

Eso pasó en el caso descrito en esta sentencia, con las consecuencias legales esperadas.

En los fundamentos de Derecho, además de insistirse en la circunstancia anterior, se enuncia el siguiente criterio: aunque la existencia de una relación laboral justifica la obtención, cesión y tratamiento de datos personales sin necesidad de consentimiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6.2 LOPD, incluidos los datos relativos al cumplimiento de la jornada laboral, era obligado informar previamente a los trabajadores, lo que no se hizo, incumpliéndose con ello el deber regulado en el art. 5 LOPD, al procederse a la recogida de los datos sin proporcionar la información que ese precepto requiere. De ahí que la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos declare que la Universidad de Sevilla ha incumplido lo prescrito en la Ley Orgánica de protección de datos, y le requiera para que adopte “las medidas de orden interno que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción del artículo 5 de la LOPD”.

¿Recordáis ese cuarto de cámaras tan potito, con una cámara que apunta directamente a vosotros?

¿Recordáis si la empresa os ha notificado que esa cámara se utiliza también para controlaros a vosotros?

8. En el caso enjuiciado, las cámaras de video-vigilancia instaladas en el recinto universitario reprodujeron la imagen del recurrente y permitieron el control de su jornada de trabajo; captaron, por tanto, su imagen, que constituye un dato de carácter personal, y se emplearon para el seguimiento del cumplimiento de su contrato. De los hechos probados se desprende que la persona jurídica titular del establecimiento donde se encuentran instaladas las videocámaras es la Universidad de Sevilla y que ella fue quien utilizó al fin descrito las grabaciones, siendo la responsable del tratamiento de los datos sin haber informado al trabajador sobre esa utilidad de supervisión laboral asociada a las capturas de su imagen. Vulneró, de esa manera, el art. 18.4 CE.

¿Importa que existieran advertencias acerca de la existencia de cámaras o de un fichero de datos?

No contrarresta esa conclusión que existieran distintivos anunciando la instalación de cámaras y captación de imágenes en el recinto universitario, ni que se hubiera notificado la creación del fichero a la Agencia Española de Protección de Datos; era necesaria además la información previa y expresa, precisa, clara e inequívoca a los trabajadores de la finalidad de control de la actividad laboral a la que esa captación podía ser dirigida. Una información que debía concretar las características y el alcance del tratamiento de datos que iba a realizarse, esto es, en qué casos las grabaciones podían ser examinadas, durante cuánto tiempo y con qué propósitos, explicitando muy particularmente que podían utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos del contrato de trabajo.

¿A qué nos lleva esto?

En definitiva, por todo lo dicho, las sanciones impuestas con base en esa única prueba, lesiva de aquel derecho fundamental, deben declararse nulas. Y es que privada la persona de aquellas facultades de disposición y control sobre sus datos personales, lo fue también de su derecho fundamental a la protección de datos, toda vez que, como concluyó en este punto la STC 11/1981, de 8 de abril (FJ 8), “se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección”. A la vista de tal incumplimiento, generador de la vulneración del art. 18.4 CE, no es preciso analizar el resto de las quejas, ni tampoco examinar el tratamiento de datos personales desde otros enfoques, como el de la proporcionalidad, por lo que procederá anular las resoluciones judiciales impugnadas y la resolución rectoral que impuso las sanciones de suspensión de empleo y sueldo al recurrente en amparo.

Bueno, la conclusión está clara. Se pueden hacer muchas cosas, pero sólo están dentro de la legalidad cuando se cumplen todos los requisitos.

Dejo aquí la sentencia completa, por si alguno quiere leerla: http://adf.ly/1bKdpS

Proporcionar teléfono móvil y/o correo electrónico personales, cláusula abusiva



Cláusula que algunas empresas tienen la costumbre de incorporar, dicho sea de paso. El caso es que esta sentencia no hace más que confirmar lo que todos, de uno u otro modo, intuíamos; que la LOPD está para algo, y que los medios del trabajador no son los medios de la empresa.

Dejo aquí el resumen de la sentencia, que lo explica perfectamente.

CONFLICTO COLECTIVO. ES CLAUSULA ABUSIVA EN EL CONTRATO/TIPO INDICAR QUE EL TRABAJADOR PROPORCIONA VOLUNTARIAMENTE A LA EMPRESA EL NÚMERO DE TELEFONO MÓVIL O SU CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO, ASÍ COMO SU COMPROMISO PARA COMUNICAR LA INMEDIATA VARIACIÓN DE TALES DATOS, AL OBJETO DE QUE SE PUEDA COMUNICAR POR TALES VÍAS TODA INCIDENCIA RELATIVA AL CONTRATO, RELACIÓN LABORAL O PUESTO DE TRABAJO. LA CLÁUSULA ES CONTRARIA A LA LOPD.

Más claro, agua.

Por si acaso alguno quiere descargarse la sentencia completa: http://adf.ly/1bIBMr

Un saludo.

El tiempo empleado en recoger y entregar el arma debe pagarse



Antes de nada, una advertencia necesaria. La sentencia peina alguna cana, pero salvo aporte en sentido contrario sigue siendo válida. Si disponéis de una sentencia que contradiga esta, no dudéis en escribir un comentario comentando la jugada.

La sentencia comenta algo que muchas empresas no hacen; pagar el tiempo empleado en recoger y entregar el arma, cuando el Vigilante de Seguridad presta servicio en un centro de trabajo que no dispone de armero.

Dejo por aquí el extracto que mejor lo resume.

El punto de partida del razonamiento que conduce a la conclusión anterior no ha sido discutido en unificación de doctrina, pero sí en fases jurisdiccionales anteriores del litigio. Dicha premisa inicial es que el tiempo invertido en los desplazamientos entre el depósito de armas y el centro donde presta sus servicios el vigilante de seguridad es tiempo de trabajo. Ello es así porque tales desplazamientos no son los propios de ida y vuelta al trabajo desde el domicilio o residencia del trabajador, sino que están determinados por un deber impuesto por la empresa en atención a necesidades o conveniencias del servicio. Como ha señalado nuestra sentencia de 24 de junio de 1992, cuando “el horario se anticipa para el trabajador a fin de realizar una actividad concreta en un determinado lugar” que no es el de trabajo el “tiempo dedicado a desplazarse desde el centro de trabajo a distinto lugar” debe considerarse o computarse como “jornada de trabajo“.

 

Supongo que sois muchos los que tenéis esto claro, pero aún hay gente que no. En cualquier caso, lo dicho. Si alguien dispone de una sentencia que contradiga esta, que no dude en aportarla.

La sentencia completa, aquí: http://adf.ly/1bG5uC

¿Y si me pagan por debajo de convenio, tras licitar con esa condición? (Concurso Público)



Buenas a todos, después de un rato largo sin dejar caer nada por aquí. Cada cierto tiempo, toca algo de lío. La verdad es que lo que hoy os dejo es algo muy sencillo, y muy fácil de aplicar; espero que no tengáis que hacerlo, porque eso significa que vuestra empresa no os está pagando todo lo que debe pagaros.

Se dice, se comenta, que en la Comunidad de Madrid (esto os sirve para cualquier plica que actúe de este modo) va a imponerse en las plicas relacionadas con concursos públicos, de forma obligatoria, la condición de cumplir con las condiciones mínimas reflejadas en el convenio estatal.

Es decir, que si una empresa logra la adjudicación de un centro bajo estas condiciones estaría obligada a adoptar de inmediato las condiciones laborales del convenio estatal. O, como poco, a partir del primer día en el que dicha empresa empezara a prestar servicio.

Si aceptan el contrato para lo bueno, deben aceptarlo también para lo “malo” (que no puedan seguir saqueando al trabajador”). Eso, como mínimo. Los trabajadores que cambiaran de uniformidad, por ejemplo los que ya estuvieran en el centro, podrían incluso tener condiciones superiores y ello debería resultar en la aplicación de la condición más favorable.

Supongamos, por suponer algo, que aun así se pasan su propio acuerdo por el arco del triunfo. Es innecesario cabrearse, no vale la pena. Y es evidente que no se trata de una equivocación de la empresa. Aunque os suene raro, la verdad es que el departamento financiero de las empresas de seguridad privada no se equivoca nunca.

Acudid a Inspección de Trabajo con la primera nómina en la que os paguen por debajo de convenio, una copia de las condiciones contractuales (que son públicas, no lo olvidemos) y solicitad que se aplique lo siguiente:

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social

Artículo 7. Infracciones Graves.

[...]

10. Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo, así como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de los trabajadores reconocidos en el artículo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo que proceda su calificación como muy graves, de acuerdo con el artículo siguiente.

Esta sección se halla insertada en la sección de infracciones en materia de relaciones laborales. Una sanción grave supone algo de pasta, y el mejor de los incentivos para que la empresa cambie inmediatamente de actitud. Esto no os priva de acudir a un juzgado y reclamar la diferencia, por cierto.

Sin embargo, os propongo una solución más divertida. Cuando obtengáis respuesta de Inspección de Trabajo, y os aseguro que esta es una de esas situaciones en las que la cosa está realmente clara, sacad una copia de dicha respuesta y pasadla por el registro documental que suelen tener los clientes que publican este tipo de licitaciones.

Al margen de la sanción que pueda caerle a la empresa, no olvidemos que el cliente siempre es responsable civil subsidiario. Advertirle de que podría verse obligado a paliar los errores de la empresa suele ser una forma efectiva de llamar su atención, y lograr que sea el propio cliente el que presione para que la empresa deje de incumplir las condiciones que ella misma ha firmado con el cliente.

Por triste que suene, la inmensa mayoría de las empresas sólo cumplen, y a regañadientes en muchos casos, con aquello a los que están legalmente obligadas cuando es el cliente (al que no pueden hostigar o coaccionar) el que les sugiere que lo hagan.

Y este es un método sencillo, y eficaz, de hacer que muevan ficha.

Diluvia sobre inundado: Diverservicios 2000, sancionada (30.051 euros)



No se me ocurre mejor término para definir lo que sucede con este caso concreto. Es una de las empresas de intrusos más sancionadas del país, y es evidente que las sanciones no han servido para hacer que se detengan. Y por si esto fuera poco, en ningún momento se ha incrementado la gradualidad de las sanciones. Mal vamos.

Pero el caso es que, una vez más, una muestra de intrusismo consigue ir más allá y preguntarnos qué se fuman algunos cuando tienen según qué ocurrencias. En esta ocasión, no voy a colgar más que UN extracto de la sentencia.

Por la parte apelante se argumenta que no existen suficientes elementos probatorios que acrediten que la actuación de su empleado se incardina en el ámbito del ejercicio de las funciones vigilancia y seguridad.
Tesis que esta Sala no comparte el igual que el Juzgador de instancia, toda vez que del acta de inspección, obrante en el expediente administrativo, se desprende que funcionarios de Policía Nacional constataron in situ, que el mismo vestía “… pantalón gris de pinzas, zapato de color oscuro y camisa manga larga de rayas verticales de color azul y fondo blanco, que en el brazo izquierdo luce emblema con una “U” inscrita en un círculo y sobre esta la palabra “SEGURIDAD”, que en el lado derecho del pecho bolsillo hayotro escudo con la leyenda “UMANO SEGURIDAD sobre esta camisa viste un chaleco reflectante de color amarillo”.
Además, consta que en la garita en la que se encontraba existía un monitor de CCTV y el inmueble estaba dotado de tres cámaras. Así mismo se relata en el acta de inspección la nota de las actividades que el empleado de la actora efectuaba durante su jornada nocturna de trabajo, haciendo constar las incidencias y rondas realizadas en dicho periodo de tiempo.

Si es que no pienso ni hacer comentarios, porque la cosa se aclara sola. El recurso fue desestimado y, se supone, deberían haber pagado la sanción impuesta. Pero, a estas alturas y tratándose de esta empresa concreta, empiezo a dudar seriamente de que las sanciones que le “caen” se estén cobrando.

La sentencia completa aquí: http://adf.ly/1Ylf5C

Fijaros en qué empresa cita el extracto aportado, y qué empresa es parte del título de este artículo. Pues eso.

Que esto es un pitorreo, y ya va siendo hora de que lo paremos. Entre todos.

Sanción 30.051 euros: Control Mar Menor (oooootra vez)



Llueve sobre mojado, como suele ocurrir con temas relacionados con el intrusismo de este gremio. Y es que esta empresa tiene ya cierto historial a cuestas, en lo que a sanciones concierne.

Sólo en este blog, podéis encontrar dos referencias:

http://www.vvss.es/?p=517

http://www.vvss.es/?p=601

Y es que, como escribí en el anterior artículo (que aborda una sanción a otra empresa), el intrusismo sigue saliendo rentable en este país. Bien porque no hay medios suficientes para luchar contra ello (las condenas son una ínfima parte de las infracciones cometidas), bien porque algunas empresas tienen, aparentemente, cierta bula judicial contra el régimen sancionador (que no se sancionen determinadas cosas sigue siendo algo incomprensible).

En fin, vamos con algún que otro extracto de la sentencia.

En el supuesto de autos, según se ha precisado, no hay una, sino dos actas de inspección. En la primera, levantada el 21 de agosto de 2012, se describe una vestimenta consistente en “pantalón de pinzas de color negro y polo de manga corta de color negro, dicho polo cuenta con una franja horizontal a la altura del pecho de color beige, dentro de ésta franje horizontal se puede leer la palabra «Control»”, que los empleados de la recurrente “portan un sistema de radio- transmisor que consta de Walki-talkie conectado a un auricular”, “un colgante en el pecho en el cual se observa una fotografía de cada uno de ellos con su nombre y apellidos, la palabra «Controlador» y una leyenda que reza «Control Mar Menor»”, sin que se advirtiera que, durante la inspección, que duró 60 minutos, “en ningún momento atienden al público o realizan labores de asesoramiento alguno”, pues sólo “muestran una actitud vigilante, paseando por el interior de las Salas observando a los clientes”.

 

Dicho esto, sólo queda añadir el criterio de la Sala.

En la segunda acta, levantada el siguiente día 22 de agosto de 2012, se recoge prácticamente lo mismo, aunque aquí la inspección duró 30 minutos.
Pero, así como en el anterior caso, las declaraciones de los trabajadores supusieron también un elemento probatorio importante, lo que no ocurre en el presente, en éste, como acertadamente se resalta por la Juez Central en la Sentencia apelada, no sólo se constata la presencia de personal de la Appel atendiendo al público, sino que el Servicio de Inserción y Orientación Laboral de la Dirección Territorial de Empleo y Trabajo comunicó que las tres personas habían sido contratadas por la empresa recurrente en calidad de “vigilantes de seguridad”, con los detalles correspondientes a los contratos -
“aparece contratado en una ocupación de vigilante de seguridad” se certifica respecto de cada uno de los tres empleados-, y, además, como indica la Administración, el contrato suscrito el 11 de octubre de 2010 con “Squad Security Limitada”, contiene una cláusula décima que dispone que dicho contrato “se regirá por la normativa reguladora de la
seguridad privada y demás regulación aplicable”, lo que evidencia, más si cabe, la naturaleza de los servicios efectivamente desarrollados.
En consecuencia, la valoración global de todo el material probatorio permite afirmar, sin ningún género de duda, que, como ha concluido la Juez Central, efectivamente, se desarrollaron labores de seguridad privada.

 

Pues eso, que llueve sobre mojado.